Conversaciones ciudadanas para la comprensión del proceso de paz

Conversar para comprender Acuerdo de Drogas Ilícitas

Presentación

Las drogas, nombre con el que conocemos a las sustancias psicoactivas, han sido durante varias décadas uno de los problemas que más ha preocupado a la sociedad colombiana. Es un problema de varias dimensiones, desde las dificultades que genera en el campo y en las comunidades en donde se cultiva y en donde están los laboratorios para su procesamiento, hasta el fenómeno global del narcotráfico, pasando por los impactos que pueden generar en la salud.

1. Acercándonos al problema de las drogas

Objetivos

Reconocer la complejidad del problema de las drogas en nuestra sociedad

Tiempos

20 minutos para la primera plenaria; 20 minutos para el trabajo en grupos; 40 minutos para la segunda plenaria.

Materiales

Marcadores

Tablero

Metodología

Iniciaremos el ejercicio respondiendo en plenaria a la siguiente pregunta: ¿Qué sabemos de las drogas? Quien facilita apuntará las respuestas en un lugar visible. Luego conformaremos grupos de 10 personas. Cada grupo deberá identificar 10 situaciones o cosas que le parecen problemáticas o nocivas para la sociedad de las drogas, recordando toda la cadena: cultivo, transformación, comercio, narcotráfico, drogodependencia, mafias, corrupción, etc.

Cada grupo expondrá los resultados de su trabajo. Luego responderemos a las siguientes preguntas:

¿Qué es posible solucionar del problema de las drogas?

¿Cómo puede contribuir el proceso de paz a solucionar el problema de las drogas?

 

- Los cultivos de coca  en Colombia se incrementaron de 48.000 ha en 2013 a 69.000 ha en 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2015: 13-4).

- Hay más coca pero menos territorio afectado: de 23 departamentos afectados se pasó a 21.

- La mayoría de los cultivos de coca (73%) se concentran en los departamentos del sur del país (Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá) y en la región del Catatumbo (Norte de Santander). En estas zonas la aspersión área ha aumentado de 47.053 ha en 2013 a 55.554 ha en 2014; un incremento de 18%; cerca de la mitad del esfuerzo de aspersión se concentró en Nariño y Putumayo (Ibíd.: 17).

- Los cultivos de coca ocupan el 0.04% del total de la tierra cultivable en Colombia. El área sembrada con coca en los resguardos indígenas se mantuvo en el 11% entre 2013 y 2014 (aunque se incrementó el cultivo de coca en un 25%). En los consejos comunitarios afrocolombianos los cultivos aumentaron su área en un 17% para el año 2014 (Ibíd.: 18).

- No obstante, el 42% de los cultivos de coca está concentrado en 10 municipios, siendo Tumaco (Nariño) el más afectado. Según UNODC, le siguen Puerto Asis (Putumayo), Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca), Valle del Guamuez (Putumayo), Miraflores (Guaviare), Orito (Putumayo), Puerto Rico (Caquetá), El Retorno (Guaviare) y San José del Guaviare (Ibíd.; 19). 

- En el 2014 el precio del kilogramo de hoja fresca de coca aumento el 7,5%, ubicándose en $2.150; su comercialización, sin ningún nivel de transformación cada vez es más frecuente (63% de los cultivadores venden hoja).

- El precio de la pasta básica de cocaína presentó un incremento del 4,1% entre 2013 y 2014, los precios oscilan entre $1.400.000/kg y $3.500.000/kg.

- El 32% de los cultivadores procesan la hoja de coca en finca, 29% de los cuales procesan en finca hasta llegar a pasta básica de cocaína. El precio promedio de la base de cocaína se registró en $2.476.7000/kg, presentando una disminución del 5,3% en relación con el año 2013. El precio promedio del clorhidrato de cocaína se ubicó en $4.538.200/kg con una caída del 3,7% en relación con 2013 (UNODC 2015: 53).

- Para realizar el procesamiento de pasta básica de cocaína los campesinos deben insertarse en el mercado de precursores químicos. La dificultad reciente de acceder a dichos insumos ha incrementado sustancialmente su precio.

- Aunque el proceso de transformación de base de coca en cocaína es sencillo, se debe contar con la infraestructura y los precursores químicos necesarios. Los laboratorios para dicha transformación requieren una importante inversión. En la mayoría de los casos montar un laboratorio puede costar un millón de dólares. Por consiguiente, en esta fase “los grupos armados ilegales, que cuentan con la capacidad de incurrir en estos costos fijos, se vinculan directamente a la cadena de producción de cocaína, en algunos casos como proveedores de seguridad y en otros como dueños y operadores directos de los laboratorios (Mejía y Rico 2011: 17, 33).

- Se estima que para el año 2014, los cultivadores percibieron por la hoja de coca aproximadamente 247 millones de dólares, por la base de cocaína aproximadamente 138 millones de dólares y por la venta de base de cocaína 22 millones de dólares (UNODC 2015: 64).

- El consumo de sustancias psicoactivas se ha incrementado sustancialmente en Colombia en los últimos años. Por tanto, el problema de la cocaína debe verse de manera holística para entender los retos que conlleva en materia de salud pública. Para 2013, según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) el 3,2% de la población de 12 a 65 años manifiesta haber probado o usado cocaína al menos una vez en su vida, la tasa más alta de consumo se encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años (ODC 2013: 86). El consumo es mayor en los estratos altos, aunque el consumo en los estratos bajos está asociado a la indigencia y a la criminalidad a pequeña escala, y que Medellín y Bogotá son las ciudades que cuentan con un mayor porcentaje de consumo de drogas con 28%, y 14% respectivamente (Ibíd.: 93). En este panorama, se ha sugerido que la reducción de la demanda de drogas ilícitas debe ser una prioridad para el Estado.

- En relación con la utilización del dinero proveniente de la economía de la cocaína por parte de las FARC, los primeros indicios se remontan a finales de la década del 70.  El descubrimiento de Tranquilandia[1] en 1984 permitió crear la imagen pública de una narco-guerrilla, como la llamó el Embajador de Estados Unidos Lewis Tambs. En la práctica, lo que las FARC habían regularizado a partir de su VII Conferencia en 1982 era el cobro de un gravamen de aproximadamente 10% por kilo de base a los campesinos. Posteriormente, las FARC ampliaron el gravamen a los cultivadores y raspachines y extendieron su rol de prestadores de seguridad a intermediarios; para su VIII Conferencia en 1993 las FARC “operativizó” su creciente participación en el narcotráfico “con la creación de frentes específicos designados a participar en diferente eslabones de la cadena, principalmente los iniciales, así como la obligación de pagar una renta mensual al Estado mayor” (Tickner, García y Arreaza 2011: 418). Entre 1996 y 1998 la actividad de las FARC se intensificó en la región que se extiende entre el sur de Nariño, el nororiente de la cuenca amazónica y las planicies del Vichada. Según UNODC, para principios de 1999 la zona registraba el 79,19% del total de hectáreas cultivadas de coca en todo el país (citado en Ibíd.: 420). Para el año 2000 las FARC habían comenzado a especializarse en otros eslabones de la cadena. Como resultado, comenzaron a recolectar, almacenar y vender grandes volúmenes de pasta y base a varios actores, incluidos los paramilitares. Los paramilitares construían laboratorios y permitían que alimentos, armas e insumos cruzaran hacia zonas controladas por las FARC a cambio de que las FARC les vendieran cantidades específicas de base de coca (ibíd.: 421). Vale la pena resaltar que el papel que han desempeñado las FARC a lo largo de la historia del narcotráfico ha sido relativamente estable (en el eslabón del cultivo); lo que ha variado es su capacidad de cobrar impuestos sobre distintos eslabones. Por tanto, Tickner, García y Arreaza concluyeron en 2011 que las FARC seguían utilizando el narcotráfico “para financiar su lucha armada y no se ha traducido en desideologización.” (Ibíd.: 438)

- El lavado de activos es la parte final del eslabón y se puede hacer de varias formas; a través del sistema financiero, la importación de mercancías y dinero en efectivo. La regulación del sistema financiero se ha fortalecido desde 1999, por consiguiente, es probable que la mayoría del reintegro se dé a través de importación de mercancías y dinero en efectivo. Por tanto, Caballero y Amaya  consideran que “es deseable que el Estado fortalezca el control de estos canales” y sugieren que “el Estado colombiano debería evaluar técnicamente el entramado institucional para hacerlo más eficaz” (Ibíd.: 323-4).

El problema de la cocaína está relacionado con su producción y tráfico que se intersectan con (1) las dinámicas del conflicto armado, (2) un aumento en el consumo que implica un reto de salud pública y (3) el lavado de activos que incentiva el ingreso ilegal de capitales y el contrabando que mantienen espirales perversos de corrupción que debilitan la economía legal colombiana. Además alimentan un círculo perverso en que los campesinos productores se encuentran cada vez más inmersos en la economía ilegal debido a que encuentran mayores réditos al participar en la cadena de producción de la cocaína; creando una relación de mutua dependencia con los actores armados que controlan el negocio en zonas de producción.

 

2. El acuerdo sobre Drogas Ilícitas

Los beneficios del acuerdo

Objetivo

Reconocer los beneficios que atraerá la implementación del acuerdo sobre Drogas Ilícitas en la sociedad colombiana.

Materiales

Pliegos de pape periódico

Marcadores

Resumen del Acuerdo

Tiempos

20 minutos para el trabajo en grupo

1 hora para la plenaria

Metodología

Conformaremos 5 grupos. Cada grupo deberá encontrar los beneficios del acuerdo para los siguientes grupos o sectores:

1. Campesinado y comunidades rurales

2. Pobladores urbanos, especialmente de las grandes ciudades

3. Consumidores de drogas

4. Gobiernos y autoridades locales

5. Comunidad internacional

En plenaria revisaremos y analizaremos los resultados de grupos. Al finalizar el ejercicio tendremos una lista amplia de beneficios.

 

El acuerdo fue dado a conocer en La Habana el 16 de mayo de 2014 y reconoce que “Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” (OACP 2015: 9).

Lograr dicho acuerdo implicó el reconocimiento por parte del gobierno y de las FARC que “la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico” (Borrador Conjunto 2014: 1). Ambas partes, por tanto, aceptaron que muchas regiones pobres del país se han visto afectadas por los cultivos; la producción y comercialización han tenido graves efectos sobre la toda la población colombiana y ha alimentado y financiado el conflicto armado, y múltiples sectores de la sociedad se han visto comprometidos en la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Por tanto, las partes acordaron la importancia de tratar el problema de manera integral. Lo anterior implica  el diseño de nuevas políticas que den “un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico” (Ibíd.: 2). Dichas políticas deben regirse por el principio de soberanía de los pueblos en el marco de la cooperación internacional; ya que éste es un problema de todos los estados. Además, deben dar un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y reconocer los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas.

Los tres componentes básicos del acuerdo y las propuestas específicas son las siguientes:

 

1. La sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos

Se promueve la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la transformación de las condiciones de bienestar para las comunidades. Por tanto, el acuerdo contempla:

a. Trabajar con las comunidades, las autoridades departamentales y municipales para integrar territorial y socialmente las zonas que se han visto relegadas a sobrevivir de los cultivos ilícitos.

b. La suscripción de acuerdos de sustitución y no resiembra por parte de las comunidades y la puesta en marcha de procesos de planeación participativa.

c. La formulación de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo.[2]

d. Un plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos para garantizar la seguridad alimentaria de los cultivadores.

e. Un Programa de Desminado para garantizar la seguridad de las comunidades.

f. En zonas donde los cultivadores no quieran participar en estos programas el gobierno priorizará la erradicación manual (en vez de aérea) de cultivos hasta donde sea posible.

 

2. Consumo

Se reconoce que el problema del consumo debe ser abordado desde un enfoque de Derechos Humanos y salud pública, en vez de un enfoque de criminalización. El acuerdo incluye:

a. La participación pública en el diseño de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a distintas entidades y coordine el proceso de revisión, ajuste y puesta en marcha de una política pública al respecto.

b. La creación de una Sistema Nacional al Consumidor de Drogas Ilícitas que se enfoque en acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

 

3. Narcotráfico

Se ataca el problema del tráfico de Drogas Ilícitas desde una perspectiva integral que refuerza y amplía la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, el acuerdo se enfoca en:

a. Un compromiso del gobierno a intensificar la lucha contra el crimen organizado.

- Nueva estrategia de política criminal.

- Nueva política de lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía.

- Nueva estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

- Estrictos controles a la producción y tráfico de precursores químicos.

b. Ambas partes reconocen que este problema no pertenece solamente a Colombia, sino que es un tema global que se desarrolla en la interacción compleja entre la creación de la demanda en países consumidores de cocaína, los carteles involucrados en el tráfico, y los productores (campesinos) y estimuladores de la producción. El gobierno promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para hacer una evaluación sobre la efectividad de la lucha contra las drogas y proponer los ajustes necesarios, teniendo en cuenta la discusión y nuevos desarrollos internacionales. Este reconocimiento se enmarca dentro de un contexto global en el que muchos países están evaluando un fracaso en la guerra mundial anti-drogas y buscando otras alternativas.

 

 

[1] Tranquilandia era el nombre del laboratorio más grande de cocaína encontrado hasta ese momento en Colombia. Ubicado en las selvas del Caquetá, y propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha, el complejo tenía 19 laboratorios, fuente propia de agua (Rio Yari), y  un sistema de 8 aeropuertos desde donde se sacaba la cocaína.

[2] Esto está conectado con el acuerdo sobre la Política de Desarrollo Agrario, lo que demuestra la naturaleza integral de la negociación

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