Conversaciones ciudadanas para la comprensión del proceso de paz

Un fast track visible

Un fast track visible

Autor: Antonio Madariaga Reales

 

Podría resultar extraño este artículo de hoy, para quienes nos han leído después de la pérdida del SÍ en el plebiscito, e identifican nuestra clara postura sobre la necesidad, en aquel momento en que se encontraba en peligro, de rescatar el fast track como fórmula para la fase normativa de la implementación del Acuerdo Final. Decíamos, y aún lo sostenemos, que ese procedimiento legislativo especial resulta indispensable para garantizar la fidelidad de las normas con el Acuerdo e insistíamos en que si bien era importante la velocidad –y lo sigue siendo– era más importante ese tema de la fidelidad, aunque se sacrificaran parcialmente nuestros deseos de una mayor participación ciudadana.

La ruta definida en el Acuerdo para la puesta en marcha del procedimiento es clara. La iniciativa de Acto Legislativo o de ley del gobierno, (como lo establece el Acto Legislativo que creó el procedimiento), es consensuada en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, (CSIVI), donde tienen asiento las Farc y el gobierno, para luego ser presentada al Congreso donde en el primer caso se tramitará en 4 debates y en el segundo caso solo en 2. Pasarán posteriormente estas normas a control constitucional.

Lo anterior, representa una oportunidad, aunque reducida, de intervención de las organizaciones de la sociedad civil, en la formulación del borrador inicial, ante la CSIVI y en el Congreso, y finalmente ante la Corte, sobre la base de varios criterios: garantizar la fidelidad de lo presentado a los acuerdos, evitar que se produzcan retrocesos democráticos y que se introduzcan temas distintos a los estrictos de la implementación, lograr que haya una cierta oportunidad de deliberación y finalmente que esa deliberación pueda llegar a territorios, sectores y poblaciones.

Lo que resultaría inconveniente por parte del gobierno, del Congreso e incluso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, es que se pretenda reabrir, por vía de las normas para la implementación, debates zanjados en La Habana a través del Acuerdo Final, independientemente de la forma o de los contenidos que hubiesen tenido y de nuestro desacuerdo con el resultado final.

El escenario que se deriva entonces de la ruta legislativa en el Congreso ofrece limitados pero posibles escenarios de incidencia, que implican el desafío de responder de manera oportuna, técnicamente impecable, y políticamente pertinente a la actividad legislativa.

La situación es menos afortunada en el caso de las facultades extraordinarias que el Acto Legislativo aprobado le otorga al presidente. En efecto, no está previsto en este procedimiento margen alguno para la intervención ciudadana. Apelando a un criterio de transversalidad de los Derechos Humanos y en particular a la obligación de transparencia, debería el presidente difundir los borradores de decretos ley, habilitar un mecanismo de recoger sugerencias y propuestas, pueden ambas ser virtuales y cuestión de dos semanas, y estudiarlas cuidadosamente, antes de expedir cualquier decreto.

Corresponde a las organizaciones de la sociedad civil en este caso actuar como en el primer caso, con pertinencia política y rigurosidad técnica, pero además con especial celeridad.

Dado que la implementación del Acuerdo es ni más ni menos que la formulación y puesta en marcha de un conjunto de políticas públicas, y que pretendemos que estas tengan enfoque de derechos, (normas, instituciones, presupuesto, planes, rendición de cuentas y participación ciudadana), la tarea es lograr que esté enfoque no solo se exprese en la formulación de las normas, sino que comprenda el ciclo completo de la política.

En consecuencia, el momento exige generar condiciones para esa incidencia, recuperando la tarea pedagógica, ahora en lógica de implementación, haciendo una lectura del Acuerdo desde los territorios y poblaciones tal que permita identificar cómo son interpeladas por el mismo y las oportunidades que de ese acuerdo se desprenden, para lograr goce efectivo de derechos. También es necesario proponerse realizar una rigurosa veeduría ciudadana a la implementación, con capacidad de hacer recomendaciones y que constituya una talanquera a la tentación centralista que claramente existe y que busca pasar por encima de territorios, comunidades y autoridades locales. Se trata de lograr que sea un camino efectivo hacia la paz territorial.

Todo lo anterior sirve para volver a decir que hay que evitar a toda costa que se instale la idea de que el tema de la paz está resuelto y que hay que pasar la página ya y dedicarse a los problemas reales. La construcción de paz es el cometido más importante de esta sociedad por las próximas décadas y ninguno de los otros problemas debe desligarse de ese propósito.

Por lo tanto, la urgencia que da origen al fast track, no puede ser el pretexto para la opacidad y la negación de la participación ciudadana. Hagamos un fast track visible.

Coda 1: La liberación de Odín Sánchez, que a todos nos debe alegrar por razones humanitarias, tiene un gran valor político en la medida en que no solo da lugar a la apertura de la fase pública, sino porque muestra el nivel creciente de compromiso de las partes. Seguiremos poniendo nuestro concurso para el éxito de las negociaciones y en particular para la participación ciudadana.

Coda 2: Extraordinario mensaje a la sociedad de su voluntad de paz y gran demostración de seriedad de las Farc, el proceso de traslado de la guerrillerada a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización. Enhorabuena.

Coda 3: Siguen siendo la ineptitud estatal y las agresiones a líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos los mayores riesgos para la implementación del Acuerdo con las Farc.

Edición 528 – Semana del 3 al 9 de Febrero de 2017 Semanario Virtual Caja de Herramientas

Etiquetas: Paz,

Los retos de la planeación local y el presupuesto participativo en la implementación del Acuerdo Final

Implementación con enfoque territorial: El momento de la verdad

La Instancia Especial representada por mujeres

Las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz, oportunidades y retos